El TS ha declarado sujetos al IRPF los intereses de demora pagados por la Administración en un caso de devolución ingresos indebidos realizados como consecuencia de la actuación ilícita de la Administración. La sentencia supone un radical cambio en el criterio del Alto Tribunal que, en otra sentencia reciente, se había pronunciado en sentido contrario. En este trabajo pretendo demostrar que la nueva sentencia se aviene mejor a la letra y al sentido de la ley, aunque mantengo una ligera discrepancia en relación con la calificación que el TS ha atribuido a las rentas que estuvieron en el origen del conflicto.

El Tribunal Supremo se pronuncia en casación sobre la legitimación de la Administración tributaria para dirigirse de manera directa al contribuyente obviando la figura del sustituto del contribuyente. La caracterización del contribuyente y del sustituto del contribuyente que realiza el TS coincide con las definiciones de la Ley General Tributaria. Las dificultades que plantea la asunción por parte del TS de unas declaraciones legales que son meramente formularias se desvanecen a la luz de los conceptos normativos de ambas figuras subjetivas.

El TS declaró la naturaleza tributaria de la monetización del IS y de esta premisa dedujo que la Diputación Foral de Guipúzcoa estaba obligada soportar, en virtud del Concierto Económico, la monetización por I+D+i establecida en la LIS a favor de los contribuyentes sometidos a su jurisdicción tributaria. Si desde una perspectiva formal compartimos la calificación del pago a los contribuyentes efectuada por el TS, no podemos decir lo mismo al analizar la medida desde el punto de vista material o sustantivo. Las conclusiones divergentes a las que conduce uno y otro enfoque obligan a seleccionar, de los dos, el más adecuado para determinar a quién corresponde soportar la monetización a la luz del Concierto Económico

La Audiencia Nacional se pronuncia de forma novedosa sobre la calificación de los gastos de desarrollo y mantenimiento de software en los proyectos de innovación tecnológica. Al margen de este cambio de criterio, del que no discrepamos por tratarse de una cuestión técnica no jurídica, el caso plantea una interesante cuestión relativa al alcance y los efectos de los informes del Ministerio de Economía y Competitividad en cumplimiento del artículo 35.4 TRLIS (artículo 35.4 LIS) y a la competencia de la Administración tributaria para separarse de su contenido. A nuestro juicio, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes carecía de competencia para recalificar los gastos fiscales del contribuyente. La Audiencia Nacional debería haber estimado el recurso.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la aplicación del régimen especial de reestructuración empresarial del TRLIS a las plusvalías derivadas de aportaciones no dinerarias de bienes junto con deudas. El fallo se basa en la integración analógica del precepto relativo a las aportaciones no dinerarias (art. 94 TRLIS) con el que regula las aportaciones de rama de actividad (art. 83 TRLIS), a pesar de haber afirmado que no procede dicha analogía. Descarta el riesgo de fraude de ley sugerido por la Administración y por la Audiencia Nacional y, sobre la base de la admisión de los motivos económicos válidos de la operación por las partes, admite el derecho al diferimiento del gravamen sobre toda la plusvalía, incluso la que corresponde al valor del bien compensado con deudas. Nuestro comentario se centra en demostrar la improcedencia del recurso a la analogía para resolver el caso planteado, así como la posibilidad de incurrir en un fraude de ley instrumentado a través de una aportación no dineraria de bienes y deudas. Una adecuada calificación de los hechos hace, a mi juicio, innecesaria la integración analógica del art. 94 y elimina el riesgo del uso fraudulento de la aportación no dineraria. Considero que la plusvalía que corresponde a la parte del valor del bien compensado con deudas está sometida al IS y que, además, la sociedad adquirente debe tributar por el Impuesto sobre Transmisiones Onerosas.

El Tribunal Supremo confirma la legalidad de la norma reglamentaria que, a efectos de la exención del art. 4.Ocho.Dos LIP y de la bonificación del art. 20.6 LISD, permite considerar afectos al ejercicio de actividades económicas los activos representativos de participaciones en fondos propios de entidades y de la cesión de capitales a terceros. El precepto cuestionado desarrolla la LIP y no la LIRPF. El TS resuelve que el reglamento se ajusta a la reserva de ley tributaria. A mi juicio dicha reserva no se proyecta sobre la exención. El deber de los órganos administrativos de acatar la doctrina reiterada del TEAC (art. 239 LGT) otorga coherencia y seguridad jurídica al sistema cuando dicha doctrina es secundum legem, pero puede trocarse en una disfunción paradójica cuando la interpretación del TEAC es contra legem.

El TS se pronuncia en esta sentencia sobre la cuestión de interés casacional relativa a la tributación de la plusvalía derivada de la transmisión de la cuota-parte de un bien inmueble en el marco de una operación de extinción de la copropiedad. Si la solución a la que llegó el Alto Tribunal es acertada, no se puede decir lo mismo de su fundamentación jurídica, enmarañada y, en mi modesta opinión, algo imprecisa en el uso de conceptos civiles y tributarios que, en este comentario, tratamos de clarificar.

La Audiencia Provincial de Badajoz dicta sentencia absolutoria basada en la nulidad de las pruebas sobre las que se construye la acusación, obtenidas mediante una inspección ilegalmente iniciada. El caso plantea también un interesante problema de prescripción de la obligación tributaria derivada de ganancias patrimoniales obtenidas por la aplicación de una cláusula penal retroactiva.

El artículo ofrece un análisis crítico de los dos mecanismos alternativos, de exención (art. 22) o deducción en cuota (art. 31), previstos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) para evitar la doble imposición jurídica sobre las rentas de los establecimientos permanentes de las sociedades sujetas al impuesto. Resulta razonable que legislador supedite la aplicación de estos preceptos al cumplimiento de determinados requisitos que aseguren que la doble imposición es efectiva. Más difícil es comprender, desde la óptica del principio constitucional de capacidad contributiva, la prohibición de incorporar en la base imponible las rentas negativas de los establecimientos permanentes en los términos previstos en el art. 22 LIS.

Con este manual los autores han pretendido elaborar una obra en la que se condensen, de una forma clara y razonada, los contenidos propios de la parte general del Derecho Financiero y Tributario que están al alcance de un estudiante del grado de Derecho. Con los nuevos planes de estudio ha crecido el número de asignaturas y es realmente difícil que un alumno pueda asimilar textos de unos cuantos centenares de páginas en cada una de ellas. En la situación actual se requieren manuales en los que el profesor haya hecho un gran esfuerzo de síntesis y de explicación razonada de lo esencial de cada concepto o institución jurídica. El manual debe volver a ser lo que su nombre indica: un libro "de mano" o, apurando más, un "libro de bolsillo" que acompañe, ayude y oriente al estudiante, ofreciéndole una síntesis asequible y suficiente de la asignatura. En materias de Derecho positivo, como es el Derecho Financiero y Tributario, el manual debe ser un instrumento para entender la legislación y no una simple repetición de lo que ya dicen las leyes.

La presente obra constituye una exposición de los aspectos nucleares del sistema impositivo español. Ha sido elaborado tratando de que resulte útil a estudiantes universitarios, asesores fiscales y profesionales del mundo del Derecho que deseen disponer de un texto que sirva como herramienta sintética, condensada y clara para conocer y comprender o, en su caso, refrescar sus conocimientos del Derecho de los Impuestos. Este manual proporciona al lector una explicación de los porqués de las normas jurídicas que constituyen el soporte conceptual de cada impuesto (IRPF, IS, IRNR, ISD, ITPAJD, IVA, IE, Derechos de aduanas, otros impuestos e impuestos territoriales) prescindiendo de detalles accesorios que son fácilmente accesibles y comprensibles mediante la consulta directa de la ley -- Contracubierta

Con este manual los autores han pretendido elaborar una obra en la que se condensen, de una forma clara y razonada, los contenidos propios de la parte general del Derecho Financiero y Tributario que están al alcance de un estudiante del grado de Derecho. Con los nuevos planes de estudio ha crecido el número de asignaturas y es realmente difícil que un alumno pueda asimilar textos de unos cuantos centenares de páginas en cada una de ellas. En la situación actual se requieren manuales en los que el profesor haya hecho un gran esfuerzo de síntesis y de explicación razonada de lo esencial de cada concepto o institución jurídica. El manual debe volver a ser lo que su nombre indica: un libro "de mano" o, apurando más, un "libro de bolsillo" que acompañe, ayude y oriente al estudiante, ofreciéndole una síntesis asequible y suficiente de la asignatura. En materias de Derecho positivo, como es el Derecho Financiero y Tributario, el manual debe ser un instrumento para entender la legislación y no una simple repetición de lo que ya dicen las leyes.

La monografía constituye un análisis del régimen de corrección de la doble imposición económica de dividendos y plusvalías en el IS. Se estructura en cuatro partes fundamentales. Comienza con una breve panorámica de los antecedentes de la corrección de la doble imposición de dividendos y plusvalías en el IS que facilita la comprensión de su actual regulación. La segunda parte se aborda el elemento subjetivo de la doble imposición económica de dividendos y plusvalías: la entidad participada, que reparte dividendos, y la entidad socio, que los percibe. Los dos últimos capítulos profundizan en los dividendos y plusvalías que otorgan el derecho a la exención, en los que no permiten disfrutar de este derecho y explican la técnica de corrección de la doble imposición de estas rentas.

Análisis crítico de los aspectos sustantivos de la Directiva 2003/49/CE a la luz del Derecho de la UE y de la jurisprudencia del TJUE, con referencias al artículo 14.1.c) TRLIRNR que transpone la norma comunitaria. El trabajo se detiene en particular en algunos extremos de la regulación de la Directiva 2003/49/CE que pueden ser objeto de interpretaciones contrarias, como el alcance del requisito de la no exención en el Estado de residencia o la delimitación del concepto de sociedades asociadas. La comparación del régimen de la exención del artículo 14.1.c) TRLIRNR con la Directiva 2003/49/CE pone de manifiesto diferencias entre ambas normas que pueden suscitar dudas respecto al alcance de la exención del artículo 14.1.c) TRLIRNR y a las que se da respuesta a lo largo del texto.

Exposición argumentada y crítica de los elementos fundamentales del régimen de transparencia fiscal internacional, con especial referencia a las novedades introducidas por la Ley 11/2021. Entre otras cuestiones, se analizan en este capítulo la nueva figura del establecimiento permanente ¿transparente¿, la oportunidad y los efectos de la supresión de la cláusula de no imputación de dividendos y plusvalías de los antiguos apartados 2 y 4 de los arts. 100 LIS y 91 LIRPF, los nuevos tipos de rentas imputables de acuerdo con el apartado 3 de los arts. 100 LIS y 91 LIRPF, y la obligación de computar en la base imponible del contribuyente del IS el importe de los gastos de gestión correspondientes a los dividendos procedentes de entidades transparentes.

En 1993 el País Vasco aprobó un régimen especial del IS conocido con el nombre de "vacaciones fiscales" del País Vasco. En 2001, la Comisión declaró que las vacaciones fiscales constituían una ayuda de estado ilegal e impuso a España la obligación de recuperar el importe de las ayudas concedidas en virtud de este régimen. El TJUE ha confirmado la validez de la declaración de la Comisión. Aunque, según el ordenamiento de la UE, el derecho del Estado a reclamar los beneficios otorgados por las vacaciones fiscales no ha prescrito, de acuerdo con el régimen interno español sí puede haberlo hecho. La posible diferencia de criterio se resuelve mediante la regla de la primacía del Derecho Comunitario. La restitución de los beneficios obtenidos a través de las vacaciones fiscales puede producir situaciones de doble imposición de dividendos. La disposición adicional 2ª de la LIS'95 (actual disposición adicional 1ª del Texto Refundido de la LIS) prohíbe corregir la doble imposición sobre los dividendos derivados de rentas que se beneficiaron de las vacaciones fiscales. Cuando se aprobó la norma, las rentas no soportaban el IS en sede de la entidad participada y su distribución no provocaba doble imposición. La obligación de las entidades de restituir los beneficios correspondientes a las vacaciones fiscales vacía de contenido la prohibición de la DA 2ª LIS'95 (actual DA1ª del TRLIS).